Denuncia por el RIGI sacude la foresto-industria de Corrientes

Una denuncia penal con epicentro en el RIGI

El desembarco de Central Puerto —empresa históricamente ligada a la energía y la petroquímica— en el sector forestal de Corrientes quedó atravesado por un conflicto judicial. La compañía compró 160.000 hectáreas, de las cuales 90.000 ya están forestadas con pino y eucalipto (activos que pertenecían a EVASA y Forestal Argentina), y anunció un aserradero de US$ 85 millones en el Parque Foresto-industrial de Santa Rosa.

En septiembre de 2026 se presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal N° 11 contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y la cúpula de Central Puerto. La denuncia investiga presuntas negociaciones incompatibles y uso de información privilegiada en torno al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la minera canadiense AbraSilver.

Según el expediente, la operación cuestionada muestra el siguiente movimiento financiero:

• 2024: compra del 9,9% de AbraSilver por US$ 25.500.000
• 2026: venta tras la aprobación del RIGI por US$ 163.100.000
• Ganancia neta: US$ 137.600.000, un rendimiento del 539% en dólares en dos años

La denuncia plantea si la permanencia de Central Puerto en el proyecto minero Diablillos (Salta/Catamarca) y su posterior venta estuvieron impulsadas por un conocimiento anticipado de las decisiones oficiales sobre el beneficio fiscal del RIGI.

El reclamo del sector por el piso de inversión del RIGI

Más allá del frente judicial, la foresto-industria de la Mesopotamia enfrenta un problema regulatorio que excede el caso puntual. En el Seminario por los 80 años de AFoA realizado en Posadas, el director de Asuntos Institucionales de Central Puerto, Adrián Salvatore, planteó que el piso de US$ 200 millones exigido por el RIGI deja afuera a la mayoría de los proyectos de transformación mecánica de la madera.

Mientras que en minería, petróleo o celulosa de escala mundial los proyectos superan sin problema los US$ 500 millones o US$ 1.000 millones, un aserradero moderno de US$ 85 millones —como el que proyecta la propia empresa en Santa Rosa— representa una inversión de gran magnitud para cualquier municipio de la región, pero no alcanza el umbral del régimen.

Ese desajuste de escala genera un efecto adicional: para acceder a los beneficios, las empresas deben pedir excepciones o adecuaciones particulares, lo que reabre la discusión sobre discrecionalidad política en el otorgamiento de beneficios fiscales.

Los cuellos de botella que preocupan al sector

Por fuera del debate normativo, la actividad forestal de Corrientes y la Mesopotamia arrastra problemas estructurales que condicionan cualquier inversión, según reconocen las propias empresas del sector:

• mal estado de los caminos rurales
• falta de potencia en las líneas de transporte eléctrico
• encarecimiento del flete por la Ley de Cabotaje
• demoras en la hidrovía del río Paraná

La provincia necesita capacidad de procesamiento industrial para evitar que su stock de madera en pie se exporte sin valor agregado o se estanque por sobreoferta. En ese contexto, inversiones como la de Central Puerto son consideradas necesarias por el sector, aunque la causa judicial abierta genera dudas sobre la transparencia de las reglas de juego con las que se otorgan beneficios como el RIGI a los grandes capitales que llegan a la región.