Cuestionan reforma del INYM por costos al productor yerbatero

El futuro de las herramientas de control del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) volvió a generar discusión luego de que funcionarios del Ministerio de Desregulación presentaran una propuesta de reordenamiento normativo que quedó bajo análisis de los representantes del organismo.

La iniciativa contempla la baja de alrededor de veinte resoluciones que se fueron incorporando al funcionamiento del Instituto a lo largo de más de dos décadas. Por la magnitud de los cambios, la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control decidió postergar su tratamiento para profundizar el análisis antes de que llegue al Directorio. El tema volverá a discutirse el próximo miércoles.

Un cambio de responsabilidades

Federico Padolsky, abogado representante de asociaciones de productores yerbateros, señaló que uno de los puntos más sensibles es la modificación en el sistema de declaraciones juradas y registración de la actividad.

Actualmente, buena parte de la información sobre el movimiento de la materia prima la aportan los operadores industriales, principalmente secaderos y molinos. La reforma propuesta trasladaría al productor primario responsabilidades que hoy están en otros eslabones de la cadena.

Para Padolsky, eso contradice la idea de simplificación que impulsa el proyecto: "Significa una infraestructura y costos nuevamente para el productor", planteó, en referencia a las herramientas que debería incorporar el sector primario para cumplir con las nuevas obligaciones.

El riesgo para la trazabilidad

El otro eje de la crítica es la trazabilidad, es decir, la posibilidad de reconstruir el recorrido de la hoja verde desde el yerbal hasta el secadero y contrastar la información en cada etapa.

Según explicó, el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) registra el movimiento de la carga, pero no reemplaza la información que hoy aportan las declaraciones de los establecimientos receptores. Con un ejemplo, planteó el problema: si un productor declara el traslado de 8.000 kilos de hoja verde, existe registro de esa salida, pero si se eliminan otros mecanismos de declaración, podría perderse el dato de cuánto de esa carga ingresó efectivamente al secadero.

Desde su perspectiva, ahí está la diferencia entre simplificar un trámite y eliminar una herramienta de control: lo primero reduce cargas administrativas sin perder información, lo segundo puede hacer que ciertos datos dejen de generarse o de estar disponibles para el organismo fiscalizador.

La propuesta también prevé una mayor utilización de información de SENASA en el esquema de registros de la actividad yerbatera. Padolsky planteó que ambos sistemas podrían complementarse mediante interoperabilidad, pero remarcó que el objetivo debería ser reforzar la trazabilidad que ya genera el INYM, no reemplazarla progresivamente.

Padolsky también cuestionó la forma en que se presentó inicialmente la propuesta: según relató, los funcionarios nacionales llegaron al Instituto con un proyecto que modificaba normas construidas durante más de veinte años y pretendían que el Directorio lo aprobara con rapidez. El tratamiento terminó derivado a una subcomisión, donde sigue en análisis.

Para las asociaciones de productores, el interrogante central es si la reducción de trámites significará una simplificación real para toda la cadena o si buena parte de esa carga terminará recayendo sobre el productor primario, al tiempo que queda pendiente definir si el sistema de trazabilidad se integrará con los datos de SENASA o quedará debilitado frente al esquema actual.