Vence un decreto clave y peligran 120.000 empleos rurales

Un decreto sin renovar desde septiembre

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) reclamó al Gobierno nacional la renovación de un decreto que venció el 1° de septiembre y que, según el gremio, pone en riesgo unos 120.000 puestos de trabajo en el campo.

Se trata del Decreto 514/2021, que permite compatibilizar el trabajo rural registrado —temporario o permanente discontinuo— con asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo, el programa Potenciar Trabajo y otras iniciativas de empleo impulsadas por provincias y municipios.

El secretario general de la Uatre, José Voytenco, envió un pedido formal a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para solicitar la prórroga urgente de la norma. Según el sindicato, hasta el momento no hubo respuesta del Ejecutivo ni definición sobre su continuidad.

Por qué es sensible para las economías regionales

El decreto había sido dictado en 2021 con el objetivo de sostener en la formalidad a los trabajadores rurales estacionales, una figura central en actividades que dependen de mano de obra intensiva en determinados momentos del año, como la vitivinicultura, la fruticultura, la zafra azucarera, la cosecha de tabaco y la producción yerbatera de Corrientes y Misiones.

De acuerdo con estimaciones del sector, este esquema de trabajo estacional representa cerca del 70% del empleo rural en el país.

El reclamo del sindicato

En su comunicado, la Uatre sostiene que la experiencia de los últimos años mostró que el mecanismo es necesario porque permite a un trabajador acceder a un empleo registrado durante la campaña agrícola sin perder de forma automática la cobertura social de la que depende su familia.

El gremio afirma que la interrupción del decreto genera un efecto contrario al buscado:

• desalienta la formalización laboral en el campo
• dificulta la cobertura de mano de obra a nivel local
• afecta a las economías regionales que dependen de estas tareas

La entidad sindical calificó de negligente la falta de definición del Estado sobre el tema, al considerar que no se está evaluando el impacto sobre toda la cadena productiva: trabajadores y sus familias, empleadores agropecuarios y la producción en general.

Según planteó el gremio, las políticas sociales deberían funcionar como una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal, y no como un obstáculo para acceder a un trabajo registrado. La Uatre remarcó además que la protección social de los trabajadores rurales incide directamente en la sostenibilidad de las próximas campañas agrícolas en las distintas economías regionales del país.