Docentes de Corrientes se capacitan sobre la Ley Lucio

Docentes y directivos de toda la provincia participaron de una capacitación sobre la Ley Nacional 27.709, conocida como Ley Lucio, en el Auditorio Julián Zini. La actividad la organizaron los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Educación de Corrientes, y también se siguió de forma virtual desde otras localidades.

La norma establece la capacitación continua, permanente y obligatoria en derechos de niñas, niños y adolescentes para el personal del Estado. El objetivo es dar herramientas para prevenir, detectar y actuar ante posibles vulneraciones, y reforzar el papel de directivos, docentes, personal no docente y agentes estatales en la protección.

Quiénes disertaron

El equipo de capacitación estuvo integrado por Mariana Mendiburu, abogada y asesora legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Natalia Elena Godoy, licenciada en Ciencias Criminalísticas y Criminología; Gabriela Sofía Gómez Álvarez, abogada, y Antonella Barrios, profesora.

Gómez Álvarez explicó que la actividad se enmarca en un convenio entre Justicia y Educación para formar a todo el personal docente de la provincia, dentro del Plan Federal y de la Ley 26.061 de Protección Integral. Para la capacitadora, la escuela es "uno de los primeros organismos cercanos a los niños" y sus docentes son "los primeros detectores" de situaciones de vulnerabilidad.

Corresponsabilidad y alcance

La abogada remarcó que la Ley 26.061 impone una corresponsabilidad que "alcanza al Estado en todos sus niveles, incluidos los municipios, las comunidades pequeñas, los vecinos, a todos como sociedad". Y agregó: "No hay solo un Estado garante sino una comunidad obligada a actuar, detectar y acompañar".

La formación forma parte del programa "Construir Ciudadanía". Según la expositora, desde 2022 la Dirección de Protección de la Niñez (DIPNA) pasó a la órbita de Justicia como órgano de aplicación de la Ley 26.061. También anticipó que la idea es llevar la capacitación a otros ámbitos del Gobierno provincial y que las reparticiones públicas o privadas interesadas pueden solicitarla al Ministerio de Justicia.

Las docentes que participaron valoraron la propuesta y señalaron la necesidad de contar con herramientas para reconocer posibles situaciones de vulneración de derechos y saber cómo actuar ante ellas.