La planta maderera de Tapebicuá, no fue incluida en la venta del grupo Celulosa Argentina
al empresario Esteban Nofal.
Por WebMaster 1 min de lectura2.440 visualizaciones

La ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur, aclaró que hay cuatro interesados negociando directamente con la empresa
para reflotar la planta, que permanece inactiva desde hace meses con más de 500 empleados cesanteados.
Detalles de la situación
- La venta del grupo Celulosa Argentina se realizó por un valor simbólico de 1 dólar y Nofal adquirió el 45% de la empresa, convirtiéndose en el principal accionista y controlante.
- Gabur destacó que el Gobierno provincial sigue de cerca la negociación para garantizar la continuidad productiva y encontrar una solución para los trabajadores afectados.
- Corrientes ofrece seguridad jurídica y beneficios impositivos a posibles inversores, pero se negó cualquier aporte millonario provincial para sostener la operación.
Preocupaciones y desafíos
- La planta de Tapebicuá arrastra problemas de liquidez y una fuerte deuda, con deudas salariales pendientes y un embargo de cuenta bancaria por una demanda judicial de $170 millones.
- Los trabajadores temen que la parálisis de actividades pueda derivar en suspensiones prolongadas y reducción de salarios.
para reflotar la planta, que permanece inactiva desde hace meses con más de 500 empleados cesanteados.
Detalles de la situación
- La venta del grupo Celulosa Argentina se realizó por un valor simbólico de 1 dólar y Nofal adquirió el 45% de la empresa, convirtiéndose en el principal accionista y controlante.
- Gabur destacó que el Gobierno provincial sigue de cerca la negociación para garantizar la continuidad productiva y encontrar una solución para los trabajadores afectados.
- Corrientes ofrece seguridad jurídica y beneficios impositivos a posibles inversores, pero se negó cualquier aporte millonario provincial para sostener la operación.
Preocupaciones y desafíos
- La planta de Tapebicuá arrastra problemas de liquidez y una fuerte deuda, con deudas salariales pendientes y un embargo de cuenta bancaria por una demanda judicial de $170 millones.
- Los trabajadores temen que la parálisis de actividades pueda derivar en suspensiones prolongadas y reducción de salarios.
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