Milei apura reformas económicas y pactos con gobernadores
El Gobierno prepara cambios en el Banco Central, el mercado de capitales y busca eliminar las PASO, mientras negocia con mandatarios provinciales para blindar el escenario político rumbo a 2027.

El Poder Ejecutivo nacional avanza con un paquete de reformas económicas y una estrategia política orientada a las elecciones de 2027. El objetivo declarado es garantizar previsibilidad financiera, evitar un aumento del gasto público con fines electorales y sellar acuerdos con gobernadores.
Reformas en danza
Entre las iniciativas que estudia el Gobierno figuran:
- Una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.
- Una nueva Ley de Mercado de Capitales.
- Un mecanismo para el cierre parcial de reparticiones estatales cuando se agoten las partidas presupuestarias.
- La revisión de la llamada Ley de Inocencia Fiscal.
Fuentes del equipo económico señalan que estas medidas buscan fortalecer la confianza de los mercados, ampliar el financiamiento para inversiones de largo plazo y facilitar que parte de los dólares fuera del sistema financiero —estimados entre 250.000 y 300.000 millones de dólares— ingresen al circuito formal.
El Gobierno también apunta a que el riesgo país perfore la barrera de los 400 puntos básicos. En el oficialismo destacan que la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo, y el cumplimiento de los vencimientos de deuda dieron señales de estabilidad al mercado.
A diferencia de otros años electorales, la administración descarta medidas expansivas de corte asistencialista. La intención oficial es sostener el equilibrio fiscal y dejar en manos del sistema financiero la tarea de ampliar el crédito y ofrecer tasas más competitivas.
En ese marco, el Ministerio de Economía presentó el Programa Financiero 2026-2027, con el esquema previsto para afrontar los compromisos de deuda. El anuncio ayudó a bajar la tensión en el mercado, aunque analistas privados advierten que el año próximo exigirá un esfuerzo mayor: según estimaciones de consultoras privadas, las necesidades financieras podrían llegar a 24.900 millones de dólares. Si bien las fuentes de financiamiento previstas alcanzarían para cubrir esa cifra, el programa no deja margen de excedente y dependerá de que el Gobierno logre acumular reservas, renovar vencimientos y controlar la demanda de cobertura cambiaria durante la campaña.
La pelea por eliminar las PASO
El oficialismo considera que la estabilidad económica de 2027 estará atada a la estabilidad política, por lo que el Presidente ordenó acelerar las gestiones para eliminar o suspender las elecciones primarias. Se trata de una prioridad para el mandatario, tanto por el costo económico de las PASO como por su rechazo a ese mecanismo de selección de candidatos. El problema es que el oficialismo todavía no reúne los votos necesarios en el Congreso para aprobar el cambio.
Para destrabar apoyos parlamentarios, la Casa Rosada recurre a distintas herramientas de negociación, entre ellas la discusión presupuestaria y la cobertura de cargos judiciales federales en las provincias. Actualmente hay 133 vacantes en trámite en el Consejo de la Magistratura, 108 pliegos en el Poder Ejecutivo y 67 en el Senado. El Gobierno prevé impulsar nuevos nombramientos de jueces y fiscales antes de que el Congreso entre en receso invernal.
Acuerdos con gobernadores
En paralelo, el espacio libertario negocia acuerdos electorales con cerca de diez gobernadores. La idea no es resignar la construcción territorial propia, sino coordinar la competencia en determinados distritos para evitar choques que compliquen la candidatura presidencial.
Este giro modifica la estrategia utilizada en las elecciones legislativas de 2025, cuando el oficialismo priorizó el armado propio para sumar bancas en el Congreso. Con la reelección de Milei como horizonte, la prioridad ahora es sumar aliados provinciales, incluso a través de listas colectoras que permitan a fuerzas locales acompañar la boleta presidencial sin perder su identidad.
Como antecedentes de este esquema se mencionan los acuerdos ya alcanzados en Chaco, Entre Ríos, Mendoza y San Luis. En el oficialismo aclaran que las conversaciones con el resto de los distritos recién empiezan y que su desarrollo dependerá del calendario electoral de cada provincia.
Los movimientos políticos también repercutieron en el área de comunicación oficial: el secretario Fabián Fernández trabaja en recomponer el vínculo con los medios, mientras el vocero presidencial Adrián Ravier quedó a cargo de las declaraciones públicas en nombre del Presidente, en sintonía con el sector que conduce el asesor Santiago Caputo. Además, se reforzó la participación del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en las reuniones partidarias, en paralelo a una mayor intervención de Diego Santilli y Eduardo "Lule" Menem en los contactos con gobernadores y legisladores.
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