Análisis: semana clave para evitar el default y reperfilar la cuarentena
El Gobierno nacional enfrenta una semana clave en la que está obligado a tomar decisiones importantes que ocupan la centralidad de la agenda política y económica: la renegociación de la deuda y la continuidad de la cuarentena.
La renegociación de la deuda se llevará la mayor parte de la atención al menos hasta el viernes, fecha límite que tiene el equipo económico encabezado por Martín Guzmán para negociar con los acreedores una salida que evite un nuevo default. Para el fin de semana se esperan nuevos anuncios del presidente Alberto Fernández respecto a las condiciones en las que continuará la cuarentena cuya última extensión vence el domingo.
El Gobierno nacional había presentado una propuesta que fue rechazada por la mayoría de los bonistas, que a su vez presentaron contrapuestas que llegaron a última hora del viernes. En una conferencia virtual organizada por el Council on Foreign Relations, Guzmán aseguró que el Gobierno estaba dispuesto a contemplar distintas combinaciones de reducción del capital, intereses y período de gracia que le acerquen los bonistas, siempre que “se respeten las restricciones que afrontamos”.
Lo concreto hasta ahora es que Argentina recibió tres propuestas de renegociación por parte de fondos que habían rechazado la oferta inicial que hizo el país. Dos grupos de inversores (Greylock Capital y los más de 20 grupos de inversión agrupados en el Grupo Ad Hoc de Bonistas del Canje de la Argentina) presentaron propuestas más compatibles con los parámetros establecidos por el Ejecutivo, pero el fondo BlackRock, el más grande de Wall Street y el principal tenedor de bonos que el Gobierno pretende reestructurar, presentó una oferta bastante más dura.
La propuesta de BlackRock plantea iniciar el pago de intereses y de capital en 2021 y no en 2023 como propone el Ejecutivo nacional. Además no contempla quita de capital.
El objetivo de máxima para el Gobierno consiste en lograr un acuerdo que alcance los porcentajes de aceptación requeridos para evitar el default y que a la vez resulte sustentable para el país, pero si no lo consigue le quedará la opción de buscar un acuerdo con los fondos que presentaron ofertas más amigables y aislar a los grupos más duros encabezados por BlackRock.
En el segundo escenario, Argentina no conseguiría el objetivo más importante, que es escapar al default, pero al menos dejaría constancia concreta de la voluntad de pago que siempre declaman sus voceros, lo que podría resultar conveniente para avanzar en negociaciones con los demás acreedores de distintos órdenes.
En ese escenario, los bonistas que no acepten el canje pasarían a ser holdouts y tendrían la posibilidad de iniciar una demanda en la justicia de Nueva York, jurisdicción que reconocen los bonos que Argentina pretende canjear.
La renegociación de la deuda avanza a los tumbos en un contexto de una economía paralizada por el coronavirus y con un Banco Central obligado a emitir para paliar la crisis. La situación vuelve al sistema financiero argentino todavía más vulnerable a cualquier desequilibrio, lo que se tradujo en las últimas semanas en una escalada del dólar no oficial en sus distintas versiones que aumentó 16 pesos en la última semana.
Fuentes cercanas al Gobierno responsabilizan a los fondos más combativos en la renegociación de la deuda por la suba del “blue”. Argumentan que estos fondos operan en el segmento del contado con liquidación empujando la cotización del dólar paralelo a efectos de presionar al Gobierno para que acepte un acuerdo en los términos que proponen los bonistas. La estrategia sería convencer al Gobierno de que un acuerdo, por malo que fuera, sería mejor que un default seguido de corrida cambiaria con la consecuente estampida inflacionaria.
Analistas más cercanos a los mercados entienden la escalada del dólar blue como una respuesta lógica a la incertidumbre que genera la crisis y las expectativas negativas respecto al valor futuro del peso de cara a la aceleración de la emisión monetaria. Lo ven también como una consecuencia del atraso cambiario que se viene acumulando desde que el Gobierno Macri congeló artificialmente al dólar con la instrumentación del cepo cambiario en un contexto inflacionario.
Sea por presión de bonistas duros, por efecto lógico de la crisis o por una combinación de ambos, el crecimiento de la brecha que separa a los distintos tipos de dólar alimenta comportamientos especulativos o extremadamente conservadores entre empresarios e inversiones, lo que viene a dificultar todavía más el desempeño de la economía.
Para achicar esa brecha o al menos para evitar que se siga ampliando, el Gobierno apeló a medidas de control sobre el sector financiero y el de comercio exterior. El Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la AFIP sumaron regulaciones tendientes a aumentar la tasa de interés de los plazos fijos en pesos, reducir la cartera en dólares de los Fondos Comunes de Inversión, acelerar la liquidación de divisas y combatir maniobras de sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones.
El aumento de los intereses de los plazos fijos apunta a retener depósitos en pesos para evitar que fuguen al dólar blue, mientras que mediante la aceleración de la liquidación de divisas de los exportadores se procura acelerar el ingreso de dólares y evitar dilaciones especulativas.
En tanto que impedir maniobras fraudulentas como la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones resultan fundamentales para que se sostenga el esquema de tipo de cambio desdoblado que se viene aplicando en Argentina desde la implantación del cepo y el impuesto solidario.
En medio del difícil escenario, la economía nacional dejó una buena noticia, la inflación de abril fue de 1,5%, la más baja de los últimos 30 meses. Los analistas atribuyen la caída de la inflación a los precios regulados por el Gobierno y una reducción en la velocidad de circulación del dinero determinada por la baja actividad.
Lo urgente para el Gobierno es superar la renegociación de la deuda y encontrar una forma eficiente de administrar el tipo de cambio para poder avanzar más decididamente en una agenda de reactivación.
Hacia la nueva normalidad
El otro gran tema que debe gestionar el Gobierno nacional y que atraviesa todos los aspectos de la realidad es la continuidad de la cuarentena. La última extensión del confinamiento obligatorio que incluyó algunos cambios importantes vence el domingo, lo que obliga al presidente a expresarse antes de esa fecha respecto a cómo continuará el combate contra el coronavirus.
Hasta hace muy poco tiempo la opinión generalizada respecto a la actuación del Gobierno nacional frente a la pandemia era altamente positiva, pero conforme se extiende la cuarentena el humor social se va modificando. Como nunca antes en la historia reciente, el virus puso en contradicción a intereses sanitarios con intereses económicos y hasta con libertades individuales.
El terror que provocó la llegada de una enfermedad mortal y altamente contagiosa se fue diluyendo conforme la mayoría de la gente se iba acostumbrando a convivir con las imágenes de enfermedad y muerte que reproducían los noticieros. Al mismo tiempo fue creciendo el descontento generado por las limitaciones impuestas por el confinamiento obligatorio.
A casi dos meses de iniciada la cuarentena, la gente está menos dispuesta que antes a quedarse en sus casas y a resignar ingresos para colaborar en el combate al coronavirus. El problema es que el virus no entiende de cambios en el humor social y sigue siendo exactamente igual de contagioso y mortal que antes.
La posición del Gobierno no es sencilla, enfrenta presiones de sectores de la economía que no aguantan un minuto más de inactividad y el creciente descontento que generan el encierro obligado y el control policíaco constante sobre la población. Por otro lado, la ola de contagios desatada en los barrios más humildes de Buenos Aires donde el aislamiento social es impracticable deja constancia del riesgo altísimo que implicaría un aceleramiento en la salida de la cuarentena.
Entre la necesidad de reactivación de la economía, el descontento de la gente y el riesgo sanitario, el Gobierno de Alberto deberá hacer camino al andar. No hay más lugar para prohibiciones generalizadas, tampoco para volver a la situación previa a la pandemia. Se impone la necesidad de aplicar sintonía fina, de practicar el delicado arte de aflojar la cuerda hasta el punto exacto. La definición de protocolos adecuados que reduzcan el riesgo de contagio y su aplicación al pie de la letra resultan herramientas de aplicación fundamentales.