Investigan a un intendente por presunta intimidación e infracción a la ley 14.346

Están queriendo instalar que denuncié al intendente de Santo Tomé por presuntas prácticas religiosas y eso no es así. Existe libertad de culto. Lo que pedí a la Justicia que investigue es que si él -y otras tres personas- tuvieron algún tipo de participación en actos que están prohibidos por la ley 14.346. Y si luego usaron esa información para tratar de intimidarme”, expresó Tomás Silvano, quien representa a la mujer que acusó al jefe comunal de presunto abuso sexual. En este sentido, agregó: “Considero que intentan amedrentarme por mi desempeño profesional en esa causa en la que el funcionario ya está imputado”.

Según lo relatado por el letrado a El Litoral, tiempo atrás le hicieron llegar capturas de charlas en WhatsApp y audios. En las imágenes, habría identificado el número del jefe comunal. “Es el mismo que aparece en la causa en la que mi defendida lo denunció por abuso sexual. Si bien en un principio quisieron desacreditar sus dichos, el fiscal lo imputó y el intendente (Mariano Garay) no sólo no concurrió a declarar, sino que además realiza presentaciones para tratar de anular el caso, pero hasta ahora la Justicia desestimó todos sus planteos”, aseveró Silvano.

Tras lo cual continuó explicando que en las imágenes -además de identificar la línea telefónica del jefe comunal, “se puede ver que él avala presuntos actos en los cuales, con el objetivo de supuestamente dañarme, lastiman a animales. Y en los audios -personas de su entorno- especifican por ejemplo que cortaron a un animal y que harán lo mismo con otro. Y eso está penado por la ley 14.346”, precisó el letrado.

Seguidamente, expuso que en la denuncia que presentó el pasado 19 de abril en el Juzgado de Instrucción y en el que ya tomó intervención la Fiscalía hay dos cuestiones: por un lado, el maltrato animal penado por la citada legislación y por el otro, la presunta intimidación.