La aprobación de la ley Bases abre la posibilidad de una nueva ola de despidos

en el empleo público, con un total de 125,000 trabajadores en riesgo de ser afectados.

Esta ley permitiría al Gobierno pasar a disponibilidad a estos empleados, quienes podrían ser despedidos eventualmente. La normativa contempla la modificación de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público y establece que aquellos trabajadores afectados por medidas de reestructuración quedarían en situación de disponibilidad por un máximo de 12 meses, tras lo cual podrían ser desvinculados automáticamente si no formalizan una nueva relación laboral. La ley también faculta al Gobierno para modificar, eliminar competencias o funciones, y reorganizar organismos de la administración pública central o descentralizada. Esta medida genera preocupación en sindicatos y trabajadores, quienes la consideran regresiva en materia de derechos laborales.